Países de Europa

 

La Unión Europea funciona como un mercado único compuesto por veintisiete países.

El valor total de todos los bienes y servicios producidos, el producto interior bruto (PIB) de la UE en 2021, ascendió a 14,5 billones EUR.

El crecimiento económico se mantiene en Europa occidental a un ritmo moderado. La liberalización del comercio está resultando beneficiosa para la economía europea y el consumo privado, en términos globales, está aumentando merced a los cambios demográficos (incremento de la población y del número de familias) y al incremento de las rentas. Estos ingresos extraordinarios se dedican, fundamentalmente, al turismo, el transporte y los artículos de lujo. El Mercado Único está fomentando el crecimiento económico, la concentración de la actividad industrial, el crecimiento urbano y el comercio internacional, lo que a su vez provoca que los transportes aumenten más deprisa que la propia actividad económica.

La mayor parte de los países en transición a la economía de mercado se está recuperando visiblemente de la crisis sufrida a comienzos del decenio de 1990, con los sectores de servicios e industria ligera a la cabeza. Cabe esperar cambios espectaculares en tanto en cuanto se profundice la liberalización de la agricultura y, probablemente, la industria pesada. También se espera un mayor crecimiento industrial.

 

El sector económico dominante fue en un principio el agrario, después el industrial y hoy cada vez lo es más el de servicios. De hecho, en todos los países de Europa occidental, este último está creciendo de forma acelerada. A primera vista, el crecimiento del PIB provocado por los servicios debería acarrear menos tensiones para el medio ambiente que si este mismo crecimiento fuera inducido por la actividad industrial. Sin embargo, la reducción en la presión medioambiental derivada del robustecimiento de los servicios probablemente sea menor de lo que parecen mostrar los indicadores económicos. En el campo de los servicios se cuentan los transportes, el turismo y otras actividades que pueden resultar nocivas para el medio ambiente; a su vez, una economía basada en los servicios exigirá mayores importaciones de productos agrarios e industriales procedentes de otras zonas del mundo, lo que a su vez puede aumentar los efectos negativos sobre el medio ambiente en ellas.

Crisis

La crisis del euro, también llamada crisis de la zona euro, fue una crisis que afectó a los países de la eurozona entre 2009 y 2016. La coyuntura tuvo aspectos de una crisis de la deuda soberana, del sistema bancario y del sistema económico en general. El conjunto de circunstancias hizo difícil o imposible a algunos países en la eurozona refinanciar su deuda pública sin la asistencia de terceros.

Desde finales de 2007, el miedo a una crisis de deuda soberana comenzó a crecer entre los inversores como consecuencia del aumento de los niveles de deuda privada y pública en todo el mundo, al tiempo que se producía una ola de degradaciones en la calificación crediticia de la deuda gubernamental entre diferentes Estados europeos. Las causas de la crisis eran diferentes según el país. En algunos de ellos, la deuda privada surgida como consecuencia de una burbuja inmobiliaria fue transferida hacia la deuda soberana, y ello como consecuencia del rescate público de los bancos quebrados y de las medidas de respuesta de los gobiernos a la debilidad económica post burbuja. La estructura de la eurozona como una unión monetaria (esto es, una unión cambiaria) sin unión fiscal (esto es, sin reglas fiscales ni sobre las pensiones) contribuyó a la crisis y tuvo un fuerte impacto sobre la capacidad de los líderes europeos para reaccionar. Los bancos europeos tienen en su propiedad cantidades considerables de deuda soberana, de modo que aumentó la preocupación sobre la solvencia de los sistemas bancarios europeos o sobre la solvencia de la deuda soberana.

 

Las preocupaciones se intensificaron a principios de 2010 y posteriormente, conduciendo a los ministros de finanzas europeos el 9 de mayo de 2010 a aprobar un paquete de rescate de 750 000 millones de euros dirigido a asegurar la estabilidad financiera en Europa mediante la creación de un Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). En octubre de 2011 y febrero de 2012, los líderes de la eurozona acordaron más medidas diseñadas para prevenir el colapso de la economía de sus miembros. Estas incluyeron un acuerdo por el que los bancos aceptaban una quita del 53.5 % de la deuda griega debida a acreedores privados, el aumento del FEEF hasta un importe superior a mil millones de euros, y el requerimiento a los bancos europeos de alcanzar un 9 % de capitalización. Para restaurar la confianza en Europa, los líderes de la UE también acordaron crear un Pacto Fiscal Europeo, incluyendo el compromiso de cada país participante en introducir una regla de oro presupuestaria en sus constituciones. Los políticos europeos también propusieron una mayor integración en la gestión bancaria europea, desarrollando un seguro de depósitos, una supervisión bancaria y medidas de recapitalización a escala continental. El Banco Central Europeo tomó medidas para mantener los flujos de dinero entre bancos europeos, bajando los tipos de interés y proveyendo a los bancos más débiles con préstamos baratos por un importe de hasta mil millones de euros.

Aunque la deuda soberana aumentó sustancialmente solo en algunos países europeos, se instaló la percepción de que el problema era compartido por la zona en su conjunto, lo que condujo a la especulación constante sobre la posibilidad de que la eurozona se quebrara. No obstante, hacia mediados de noviembre de 2011, el euro se intercambiaba por un precio incluso superior al del bloque de principales socios comerciales de la UE que antes de la crisis,  antes de perder algo de terreno como durante los meses siguientes. Los tres países más afectados, Grecia, Irlanda y Portugal (los tres primeros en requerir un rescate), colectivamente sumaban el 6 % del producto interior bruto (PIB) de la eurozona. En junio de 2012, también España se convirtió en objeto de preocupación, cuando el aumento de los tipos de interés comenzó a afectar su capacidad de acceder a los mercados de capitales, conduciendo a un rescate de sus bancos y a otras medidas.

Para responder a los problemas de fondo y a los desequilibrios económicos, la mayor parte de los países de la UE acordaron adoptar el Pacto del Euro, consistente en una serie de reformas políticas dirigidas a mejorar la solidez fiscal y la competitividad de sus miembros. Este ha forzado a los países más pequeños a llevar a cabo más medidas de austeridad para reducir el déficit y los niveles de deuda nacionales. Este tipo de políticas no keynesianas fueron criticadas por numerosos economistas, los cuales demandaron una nueva estrategia de crecimiento basada en el aumento de la inversión pública, financiada por tasas que permitieran el crecimiento sobre la propiedad, la tierra y las instituciones financieras, en particular una nueva tasa sobre las transacciones financieras europea. Los líderes de la UE acordaron aumentar moderadamente los fondos del Banco Europeo de Inversiones para lanzar proyectos de infraestructura e incrementar los préstamos al sector privado. Además, se solicitó a las economías más débiles de la UE que restauraran la competitividad mediante la devaluación interna, esto es, reduciendo sus costes de producción.

Política Monetaria

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) comprende el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros de la Unión. El objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de los precios. A fin de alcanzar este objetivo principal, el Consejo de Gobierno del BCE basa sus decisiones en un marco analítico integrado y ejecuta medidas de política monetaria tanto convencionales como no convencionales. Los instrumentos principales de la política monetaria ordinaria del BCE son las operaciones de mercado abierto, las facilidades permanentes y el mantenimiento de reservas mínimas. Como respuesta a la crisis financiera mundial, el BCE también ha cambiado su estrategia de comunicación al ofrecer orientación anticipada sobre la trayectoria futura de su política de tipos de interés, sujeta a las perspectivas de estabilidad de los precios, y ha adoptado una serie de medidas no convencionales de política monetaria.

• Independencia de la BCE

El principio esencial de la independencia del BCE se encuentra establecido en el artículo 130 del TFUE: «en el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan los Tratados y los Estatutos del SEBC y del BCE, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano». La independencia del BCE se preserva, asimismo, mediante las prohibiciones enunciadas en el artículo 123 del TFUE, que también son aplicables a los bancos centrales nacionales: queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros. La independencia del BCE se centra en la libre elección de los instrumentos de política monetaria. El Tratado prevé la utilización de instrumentos tradicionales (artículos 18 y 19 de los Estatutos) y permite al Consejo de Gobierno decidir sobre el uso de otros métodos que considere adecuados (artículo 20 de los Estatutos).

• El principio de transparencia de la BCE

Con el fin de garantizar la credibilidad del BCE, el artículo 284 del TFUE y el artículo 15 de los Estatutos le imponen unas obligaciones de información. El BCE elabora y publica informes sobre las actividades del SEBC con una periodicidad al menos trimestral. Además, se publica semanalmente un estado financiero consolidado del SEBC. Desde el principio, el boletín mensual del BCE ha ofrecido un análisis exhaustivo de la situación económica y de las perspectivas de evolución de los precios. Dicho boletín mensual fue sustituido en enero de 2015 por un nuevo boletín económico que, tras el cambio en enero de 2015 a un intervalo de seis semanas entre las reuniones de política monetaria del Consejo de Gobierno, se publicará dos semanas después de cada reunión de política monetaria. El 19 de febrero de 2015, el BCE publicó por primera vez un informe relativo a una reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno y, al hacerlo, se adhirió a la política de comunicación de otros bancos centrales importantes.